Corrupción (II)

                 

La corrupción política no es un hecho aislado y ajeno a la idiosincrasia social española. Gozamos, desde hace siglos, de una extensa tradición y fama plasmada con brillantez en las primeras novelas picarescas. En la actualidad, la figura del pícaro, fácilmente reconocible en amigos o vecinos con quienes compartimos tertulias cotidianas, sigue manteniendo, sin tachadura alguna, toda nuestra admiración y respeto. Defraudar al fisco, trabajar en negro, pagar menos de lo que está estipulado, falsear datos para obtener ayudas, becas o subsidios, fingirse enfermo para faltar al trabajo, no cumplir horario laboral o abusar de los recursos ajenos para beneficio propio, entre otras artimañas, proporcionan el rol de “listillo” y es garantía de éxito. Nadie denuncia este tipo de actos antisociales que atentan contra el bien común. “En un cortijo grande, sólo los tontos se mueren de hambre”, dicho celebrado a lo largo y ancho de nuestra nación.

No es de extrañar, por tanto, esa tendencia natural de obtener lo máximo de nuestros contactos, ya sea para que nos quiten una multa, nos aligeren trámites burocráticos, nos consigan un contrato laboral o, simplemente, realicen cualquier tipo de irregularidad que nos pueda beneficiar. Esta práctica común incita a los más “listos” del barrio a acceder a puestos de poder que, posteriormente, se concretará en un intercambio/trueque de intereses. Es la pescadilla que se muerde la cola: la corrupción social empuja y anima a los corruptos a que lo sean en un “negocio” de doble dirección. Tampoco quedan libres de pecado las asociaciones o colectivos de diversa índole, las cuales se venden al mejor postor sin importarles el perjuicio que decisiones fraudulentas puedan acarrear. Individuos y grupos se miran sus propios ombligos mientras predican con hipocresía el valor de la solidaridad y la cooperación social.

Las malas artes de la picaresca social e institucional, fomentada ávidamente por las altas esferas de poder, desunen a los ciudadanos, ahuyentan a personas válidas del compromiso intrínseco de colaboración al que todos estamos sujetos como integrantes de la comunidad, y evitan que, en momentos como el actual, seamos capaces de organizarnos para defender los derechos más elementales del ser humano. Alto precio el que tenemos que pagar por nuestro bagaje cultural, y al cual nada ni nadie parece estar dispuesto a plantar cara.