Corrupción (I)

Encuestas realizadas en varios países de la UE desvelan la desconfianza que tienen los ciudadanos en sus líderes y gobernantes. Concretamente en España, el 91% de la población no cree en la rectitud de los políticos. No es de extrañar que, tras los innumerables casos de corrupción que salen a la luz diariamente y apenas suponen la punta del iceberg, los españoles hayamos perdido toda esperanza en el buen hacer de la clase dirigente.

La corrupción política ha llegado a tal extremo que se antoja necesaria una acción social contundente para acotar al mínimo la capacidad de estos en hacer y deshacer a su antojo con el patrimonio común. La iniciativa parlamentaria de IU respecto a la limitación salarial de cargos públicos así como su extensión a sociedades privadas podría suponer una sólida base sobre la que cimentar futuras reformas.

No obstante, otras medidas complementarias deberían aprobarse con tal fin. Por ejemplo la reforma de una legislación vigente que contemple el endurecimiento de sanciones para casos de delitos tales como la malversación de fondos públicos y prevaricación, la no concesión de subvenciones, ayudas o contratas a empresas o sociedades con familiares de cargos públicos en nómina, la estipulación de nuevos delitos relacionadas con una gestión inadecuada de los recursos, e incluso la tramitación de una nueva ley electoral.

Del mismo modo, la reforma del sistema de acceso a puestos de trabajo dependientes de las administraciones municipales, tanto funcionarios como laborales y eventuales, evitaría el nepotismo practicado hasta ahora por los partidos políticos. Al igual que sucede en las áreas de sanidad, educación o justicia, debería ser la Junta de Andalucía quien elaborara un listado de puestos así como la conformación de plantillas de cada ayuntamiento, dependiendo del número de habitantes por municipio, y sacara periódicamente a oferta pública las vacantes existentes. La complejidad de dichos entes no dista mucho de la de otros organismos públicos para que esta medida resulte inviable.

En esta vorágine de reformas sociales que nos ha tocado vivir, y donde está en juego el estado del bienestar, somos los ciudadanos quienes debemos exigir a nuestros representantes que actúen como tales y no abusen de la confianza depositada para enriquecimiento propio, atentando y poniendo en grave peligro el bien común y la dignidad humana. Charles Dickens desconfiaba más de las instituciones que de las personas. Ya es hora de que las cambiemos.