La intervención militar en Libia pone de relieve las tácticas “disuasorias” utilizadas por la comunidad internacional para inmiscuirse ilegítimamente en asuntos internos de naciones libres cuando hay en juego alguna contrapartida económica o de estrategia geopolítica. Ni el respaldo de Naciones Unidas ni la excusa de una acción pro defensa de los derechos humanos albergan fuerza moral suficiente para quebrantar el devenir de un país.
El expansionismo económico estadounidense tomó el relevo de las potencias europeas, aún con mayor empuje y virulencia, tras las grandes guerras. Las multinacionales americanas habían identificado los errores de sus predecesores hegemónicos y cayeron en la cuenta de que para dominar el tablero mundial sólo hacía falta controlar los gobiernos locales y presencia militar para garantizar el éxito de sus campañas. La caída del telón de acero eliminó parcialmente un competidor incómodo y dio vía libre a la aplicación de herramientas de control más sofisticadas. A partir de entonces, los aires neoliberales han sobornado a los gobiernos del viejo continente que interpretan fielmente la partitura de la globalización y se han convertido en socios interesados en el concierto mundial.
El control de los recursos energéticos y del funcionamiento de los mercados son las piezas esenciales del nuevo orden. Siendo numerosos los países donde apenas se respetan las más mínimas libertades individuales y derechos, donde impasiblemente contemplamos masacres étnicas y genocidios, donde la hambruna mata a millones de niños, la intervención de las economías desarrolladas se limita a estados con un claro interés mercantil.
Admitir, por tanto, las invasiones de Afganistán, Iraq o Libia, cuando se ignoran casos más preocupantes a nivel humanitario en otras zonas del planeta, es, cuando menos, un grave atentado contra la integridad humana y un triste ejemplo de la hipocresía occidental que impera en el mundo.
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