La prudencia aconseja que en tiempos tan críticos acojamos las iniciativas institucionales con cierto recelo. El comienzo de los recortes presupuestarios relativos al Capítulo I no debe ser motivo de especial alegría, pues pone de relieve el mal uso que, durante años, nuestros representantes electos han hecho de los recursos locales, asumiendo un endeudamiento galopante sin la menor prudencia ni miras de futuro y creando un aparato burocrático insostenible. Además, esta falta de profesionalidad en la gestión política tiene daños colaterales con nombres propios, el de todos los empleados que están pasando a engrosar la lista del paro. Sin embargo, me pregunto hasta dónde serán capaces de llegar y qué precio estarán dispuestos a pagar con la toma de decisiones.
La coyuntura económica actual ha dictado absoluta contención en el gasto público y obliga al equipo de gobierno a reconocer que la austeridad presupuestaria implica medidas más profundas que las realizadas hasta el momento, e incluye abordar con determinación cuestiones claves, aunque impopulares. Por tanto, no bastará una simple reestructuración de la plantilla para atajar los males que afligen las arcas municipales, sino que se precisará una revisión del convenio colectivo, de las horas extraordinarias, de los complementos en las nominas, de privilegios en forma de ayudas, y de subvenciones e inversiones de dudosa utilidad.
Éstas y otras propuestas están siendo reclamadas desde la oposición. En este sentido, he de lamentar las declaraciones hechas por el secretario general de IU, quien, entre otras medidas, aboga por la disolución de la GMU y la creación de “una nueva unidad de urbanismo formada por personal contratado a raíz de unas oposiciones libres y limpias…” porque, a pesar del estigma “peperiano” asignado a esta unidad, omitir el enchufismo continuado que se ha dado en todas las empresas municipales y el propio ayuntamiento resulta populista y demagógico. Ciñéndonos a tal justificación se debería disolver todo el consistorio y abrir un nuevo y justo proceso de contrataciones, lo cual sería descabellado.
Todo lo anterior hace referencia a recortes en el gasto. Obviamente, en cuestiones de gestión económica, resulta de igual transcendencia el capítulo de ingresos. Pocas y manidas soluciones se han dado al respecto. De nuevo, aumento de impuestos para los mismos. Sin embargo, hacer justicia en la recaudación supondría, por ejemplo, empezar a regularizar u ordenar viviendas ilegales, zonas rústicas como la Colonia, cobrar sanciones urbanísticas, o destapar la economía sumergida. Es, a todas luces, injusto que una familia con un piso en el Palmar, el Pino o cualquier otro barrio del núcleo urbano pague más IBI que otra que disfruta una magnifica casa en suelo no ordenado o rústico pero que recibe los mismos servicios. Sólo por este concepto se ha dejado de recaudar millones de euros y ahora, los legales, tendremos que soportar una nueva subida de tasas. Una buena gestión lograría que todos los ciudadanos pagaran en función de lo que reciben, y así otro gallo cantaría.
La gravedad e impopularidad de ciertas medidas inevitables, si verdaderamente se pretende atajar el problema estructural, me lleva al escepticismo. El tiempo no tardará en despejar mis interrogantes y, a tenor de los resultados, se comprobará si se ha empezado a ordenar la casa, dejando al margen probables costes electorales, o simplemente todo quedará en un simple amago de cara a la galería, y va a resultar que le han quitado al loro su chocolate.
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